El
Defensor del Paciente quiere denunciar los abusivos, inhumanos y crueles
recortes en la sanidad pública.
Según el art. 43.1 de la Constitución española se reconoce el derecho
de los ciudadanos a la protección de la salud. Y, por su parte, el art. 53.3
de nuestra Carta Magna establece que este reconocimiento vincula la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
De ahí se deriva que la Constitución no hace diferencias entre
ciudadanos de primera o de segunda o de tercera. Habla del derecho a la
protección de la salud, sin hacer ningún tipo de distinción entre ciudadanos
españoles o emigrantes, o entre emigrantes legales o ilegales. Por
consiguiente, en primer lugar, es inconstitucional de que la sanidad pública
se limite sólo a los ciudadanos españoles y emigrantes “con papeles” y se
deniegue a los emigrantes “sin papeles” (con alguna miserable
excepción).
En segundo lugar, resultan inconstitucionales aquellas leyes o reales
decretos leyes o sea cuál sea el soporte normativo utilizado, que restrinjan
lo que claramente manda el art. 43.1 de la Constitución: el derecho a la
protección de la salud. Entonces si es así, ¿qué clase de protección a la
salud se dispensa cuando se deniega a un paciente la prestación de una
prótesis que le es necesaria, a menos que tenga dinero para pagarla? La
Constitución no dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud
de los adinerados o solventes. Cuando habla de protección a la salud está
hablando de todos, absolutamente todos, españoles o emigrantes, adinerados o
pobres, como no podía ser menos. Porque, antes de nada, en el art. 14 de
nuestra Constitución se dice que todos somos iguales ante la Ley sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Así pues, si no se puede hacer discriminación porque lo prohíbe la
Constitución, ¿a santo de qué vienen todos estos recortes injustos,
inhumanos y crueles en la protección a la salud? ¿Es que hay “saludes” más
prestigiosas que otras? ¿Es que hay que ser, en este país, banquero,
político o rey para tener garantizado este derecho básico? Ahora, por lo
visto, sí, llegándose a situaciones tan extremas y vergonzantes como las que
nos llegó a la Asociación hace poco de que a un paciente con colostomía (ano
artificial) se le denegaba una simple bolsa de plástico para su ano
artificial por los dichosos recortes. ¿A dónde iremos a parar? ¿O es que hay
que ir a suplicarle a la Merkel porque nuestros políticos ya no se pueden
bajar más los pantalones? Si es así, habrá que ir pensando en estudiar la
Constitución alemana y olvidarnos de una Constitución española que sólo se
aplica en época de bonanza económica (y aún).
Carmen
Flores (presidenta)
