DEFENSOR DEL PACIENTE C/ Carlos Domingo nº 5 – 28047 Madrid Tf./Fax.: 91 465 33 22 – 629 208 643 defensorpaciente@telefonica.net www.negligenciasmedicas.com Madrid, 01 de Abril de 2013 A/A D. Arhtur Mas Presidente de Cataluña Y D. Boi Ruiz ,Consejero de Sanidad de Cataluña Muy Sres. nuestros: Nos dirigimos a ustedes, ante la noticia a la que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación, en la que al parecer para pagar al Sr. Rovira como asesor de un Hospital, es necesario cobrar a los familiares la habitación, (cama o sillón) donde cuidan, protegen, y velan por su familiar quitando con ello trabajo al personal sanitario. Entre 40 y 80 euros. Ante esto el único comentario que podemos hacer, es que solo lo explicaría por una mala gestión dirigida por unos gestores pésimos, que no tienen dignidad ni respeto, además de ser una "canallada", con aquellos que desean estar con su seres queridos. Es un hospital público que pagamos todos, hecho con suelo público, mobiliario publico..etc. ES ¡VERGONZOSO! lo que están haciendo, todo ello sin que les tiemble la mano, a la hora de aplicar medidas de este calibre. Por tanto les instamos, a que de forma inmediata, se retire esta medida de cobrar a los familiares de los pacientes, y dejen sin efecto estas injusticias, máxime cuando no figuran en ninguna ley. Les diríamos que es tan culpable el que roba, que el que lo ve, y queda impasible sin hacer para evitarlo, como los gobiernan y tienes a su cargo el Ministerio de Sanidad y permiten estas vergonzosas actuaciones. Sin otro particular, quedamos a la espera de sus noticias. Atentamente Carmen Flores (Presidenta) Todo esto no tiene nombre. Hospitales públicos catalanes cobran por dar habitación individual La coordinadora de pacientes habla de “ciudadanos de primera y de segunda” Otros centros cobran para poder reclinar la butaca del acompañante del enfermo DAVID GARCÍA VÁZQUEZ Barcelona 31 MAR 2013 - 21:13 CET149Archivado en: Crisis económica Recortes sociales Recesión económica Sistema sanitario Coyuntura económica Política social España Sanidad Política Salud Economía Sociedad Habitación con butaca de alquiler en el hospital L'Esperança (Barcelona). / AITOR SÁEZ Recomendar en Facebook781Twittear809Enviar a LinkedIn0 Enviar a TuentiEnviar a MenéameEnviar a EskupEnviar Imprimir GuardarLos duros recortes aplicados en la sanidad pública catalana por el Gobierno de Artur Mas (CiU) —que redujeron el gasto por paciente el 11,3% en 2012— han llevado a los hospitales de esta comunidad a buscar nuevas vías de financiación que están rompiendo el acceso universal en condiciones de equidad a los servicios públicos sanitarios. Algunos hospitales ofrecen al paciente una habitación privada si pagan por ello y cobran a los familiares por el uso de sillones reclinables para pernoctar al cuidado del ingresado. El Hospital Clínic, en Barcelona, es uno de estos centros. Defiende que la medida es “voluntaria” y está supeditada a que haya “camas libres”. La tarifa es variable: si el familiar duerme en una butaca, el precio es de 40 euros, mientras que si lo hace en una cama, el precio sube hasta los 70. La dirección del centro asegura que la mayoría de habitaciones que se ofrecen para este servicio son de maternidad. Fuentes sindicales del centro afirman que la oferta se extiende a otras especialidades y critican estas prácticas por “discriminatorias”. Se trata, dicen, de tener servicios “solo para los que se lo pueden permitir”. Tener una cama en el Clínic para el acompañante cuesta 70 euros El peculiar sistema sanitario catalán, muy distinto al del resto de comunidades, posibilita la adopción de estas decisiones en los hospitales. Solo ocho de los 62 centros hospitalarios de agudos públicos son directamente gestionados por la Generalitat. El resto, aunque financiados casi enteramente por el Departamento de Salud, dependen de otras Administraciones o entidades —municipios, entes públicos, fundaciones y empresas privadas— y cuentan con una gran autonomía de gestión. “Estos hospitales tienen libertad para organizarse según su criterio. Nosotros no podemos entrar en si cobran por servicios hoteleros”; así los denominó en su declaración una portavoz de Salud. La presidenta de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Carme Sabater, lamentó la medida: “Volvemos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda”. A su parecer, esta búsqueda de financiación emprendida por los hospitales catalanes es “otro copago más”. Sabe que no todos los hospitales cobran por estos servicios, pero responsabiliza a la Generalitat por permitir un sistema de gestión tan laxo entre los centros sanitarios. En 2011, la Generalitat recortó el 8,5% del gasto hospitalario Un caso extremo de esta autonomía de gestión, destapado por EL PAÍS la semana pasada, es el del hospital de Sant Pau, que ha abierto una vía para que los pacientes de cirugía vascular —principalmente los afectados por varices— puedan operarse previo pago sin tener en cuenta la lista de espera de la sanidad pública. El gasto sanitario, desde 2010, año en que comenzó a gobernar CiU, no ha parado de reducirse. El Departamento de Salud redujo en 2011 un 8,5% el presupuesto destinado a los hospitales, cifra a la que hay que sumar el 11,3% por paciente del año pasado. Los recortes se han cebado especialmente en los ocho grandes hospitales, los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona directamente la Generalitat. A pesar de estos recortes, fuentes sindicales desdeñan las nuevas medidas de financiación porque entienden que el dinero que se puede conseguir por el cobro de esos servicios es “insignificante” en relación con la factura sanitaria. Además de las habitaciones privadas, los centros han puesto en marcha otras vías de ingresos. En enero, el hospital de L’Esperança, en Barcelona, inició una prueba piloto: cobrar por pernoctar reclinando el respaldo de las butacas que hay en las habitaciones para los acompañantes que quieran dormir junto a los pacientes. Una fórmula que ya han instaurado otros siete hospitales de Cataluña, como los de Vic y Berga (Barcelona), Campdevànol y Blanes (Girona) y La Seu d’Urgell (Lleida). Este último hospital también ha llevado a cabo operaciones por la vía privada alternativas a las de la sanidad pública para aumentar sus ingresos. Más de 500 butacas en alquiler están instaladas en ocho hospitales En el hospital de L’Esperança se han dispuesto 20 butacas para “ver la acogida que tienen entre la gente”, asegura una portavoz del centro. El precio es de cinco euros por 20 horas de uso ininterrumpido, aunque si se compra una tarjeta para cinco días, el precio es de 20 euros. Desde el centro explican que la medida está destinada a comprar nuevas butacas sin tener que abonar su “alto precio” —1.800 euros—, y asegura que el hospital no se queda “prácticamente nada” del dinero que pagan los usuarios. A pesar de no poder dar datos, la portavoz revela que la acogida de esta medida ha sido “más bien mala”. Con las del hospital de L’Esperança, en Cataluña ya hay más de 500 butacas de pago. Decam es la empresa que provee a estos hospitales. Miquel Lobato, gerente de la compañía y exalcalde por CiU de Sant Feliu de Guíxols, un municipio de 21.961 habitantes de la Costa Brava, explica que las butacas tienen “muchos más usos que el de dar descanso a los acompañantes”. Lobato asegura que sirven también como “silla de ruedas y mejoran la movilidad de los pacientes dentro del hospital”. El contrato que tiene Decam con los hospitales es de cinco años. Durante este tiempo, la empresa se quedará una parte del dinero que paguen los ciudadanos para amortizar el coste de las butacas. No pienso pagar por un servicio que antes era gratuito”, dice un familiar A Fermín Fuentes, barcelonés afincado en Zaragoza, este servicio le parece una barbaridad: “Yo no pienso pagar ni un euro por reclinar un asiento que en cualquier sitio es gratis”. Fuentes visita a su padre aquejado de una insuficiencia cardiaca en el hospital de L’Esperança. Si todo va bien, estará hospitalizado cuatro días. Fuentes elude la oferta del centro y opta por dormir en casa de su pareja, en Sant Andreu de la Barca, a 25 kilómetros de distancia. “¿Dónde vamos a llegar con todo esto?”, se pregunta. “A la privatización de toda la sanidad”, se responde a sí mismo. Pero no todos lo ven igual. Elisenda Almirall dio a luz el pasado diciembre en el hospital público de Igualada (Barcelona) a su hija Lola. “Pagamos 55 euros para poder disfrutar solos de una habitación con dos camas”, explica. Era su segundo parto y lo ocurrido la primera vez la animó, junto a su pareja, Xavi García, a pagar por esta opción. “Con el primero compartimos habitación. Todo fue bien, pero en algunos momentos del día en la habitación se apelotonaban familiares y amigos, nuestros y de la otra pareja. Esta vez queríamos algo más de intimidad y comodidad. Además, claro, nos lo podíamos permitir”, argumenta la pareja. “Mereció la pena. El sistema nos parece perfecto siempre y cuando el servicio no perjudique a otros pacientes”. ----- Mensaje original ----- De: defensora@telefonica.net Para: MARIBEL HERMANA Enviado: lunes, 01 de abril de 2013 11:43 Asunto: Re: Que desastre, y que injusticia (QUE SE VAYAN A SU CASA !!!!YA!!!!! hoy salgo en la sexta por tf bssss -------Mensaje original------- De: DIVISION GENERAL DE OBRAS Fecha: 27/03/2013 11:11:59 Para: CARMEN FLORES Asunto: Que desastre, y que injusticia (QUE SE VAYAN A SU CASA !!!!YA!!!!! El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados: algunos pagan más y otros menos de lo que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al Gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos —como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros (ahora pagan el 50%)— desajuste aún más una estructura informática compleja y se repitan las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida. Con su reforma sanitaria, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril un cambio histórico: los pensionistas deberían pagar por primera vez por los fármacos. Desde julio, cubren un 10% de estos productos, con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros, según sus ingresos. Juan Francisco González, madrileño de 63 años, está jubilado desde hace casi cuatro meses. Pero cuando el médico le recetó varios fármacos hace apenas dos semanas para tratar una infección de orina, descubrió que figuraba en el sistema como un trabajador en activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Debía, por tanto, abonar el 50% de las medicinas. “Me extrañó, pero lo pagué”, relata. González ha puesto una reclamación en el Servicio Madrileño de Salud; está a la espera de que le contesten. Agujeros en el sistema El porcentaje que los ciudadanos deben pagar por los fármacos se calcula con los datos de la declaración de la renta del año anterior. Así, si su situación laboral ha cambiado, por ejemplo porque hayan perdido su empleo, esos datos pueden estar verdaderamente desfasados. Este es uno de los agujeros que los expertos ven al sistema. Otro es que el copago se calcula por persona y no por unidad familiar. Algo que perjudica a las familias numerosas —una situación que la ministra Ana Mato prometió solventar— o con varios enfermos. También provoca que en los hogares donde el único sueldo que entra es el de un pensionista, que tiene varias personas a su cargo, se aplique a cada uno de ellos el tope máximo de pago, en lugar de hacerlo por unidad familiar. Es decir, todos pagan los 8, 16 o 60 euros mensuales de tope que marca la ley. La norma solo libera del pago a las personas con pensiones no contributivas, los parados de larga duración y los enfermos de ciertas patologías específicas —como los afectados por síndrome tóxico—. Los discapacitados solo tienen derecho a la gratuidad de las medicinas si tienen reconocido el 33% de invalidez y si su caso se ampara en una ley muy estricta de 1984 que deja fuera, por ejemplo, a quienes tienen ciertas pensiones. Así, en la práctica, la mayoría debe pagar. El PSOE presentó el viernes una proposición no de ley para reformar el copago para que refleje como una de las exenciones a las personas con más del 33% de discapacidad. La diputada Laura Seara, una de las que la ha elaborado, critica la reforma puesta en marcha por el Gobierno. “Es un sistema hecho de manera atolondrada, que está generando decenas de problemas”. El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, reconoce que puede haber “casos de discrepancias” con la clasificación que se les ha asignado a los ciudadanos, por su renta; una catalogación por códigos que se recoge en una base de datos, que cruza información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hacienda y los servicios de salud regionales. Sanidad explica que ha establecido un circuito para que las Administraciones autónomas puedan comunicar los errores, se comprueben y, en su caso, se subsanen. A Asturias le preocupa que, seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha el sistema, se sigan produciendo errores. Esta autonomía —que ha recurrido al Constitucional la reforma sanitaria de Rajoy en varios puntos, entre ellos, el aumento del copago— ha advertido a Sanidad de los fallos. También Andalucía —otra de las seis que ha recurrido la ley—, que además de informar al ministerio a través del circuito específico, alertó del desorden a la Delegación del Gobierno. Pero, los errores, precisa una portavoz de la consejería, se siguen dando. En Murcia, los errores son menores que durante los primeros días de aplicación de la ley. Esta región, ha desarrollado un sistema propio para recoger incidencias. En Navarra no se ha detectado una avalancha de casos, pero su Administración ha hallado un sistema para resolverlos hasta que la base de datos estatal los subsane. “Cuando detectamos un fallo clasificamos a ese usuario en el nivel más bajo de aportación para que no se vea perjudicado por ese error”, explica una portavoz de la Consejería de Salud. A Lorenzo M., el código que le da el sistema no le desfavorece, pero sí le irrita. La empresa de este toledano hizo hace varios meses un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por el que suspendía el contrato con sus trabajadores durante un plazo. Desde entonces, Lorenzo y otros compañeros son, para el sistema que gestiona el copago, parados de larga duración. Por tanto, no pagan los fármacos. “Me indigna. Mis padres, jubilados, pagan y yo no. No sé cómo han hecho la norma, pero está plagada de agujeros”, critica, teniendo en cuenta, además, que en la actual situación de crisis se producen dramáticos cambios en la renta familiar —para bien y para mal— en espacios muy cortos de tiempo. Sanidad y Seguridad Social —que incide en que se limita solo a gestionar la base de datos— no aclara si la clasificación de Lorenzo es un error. El caso es similar al de los prejubilados: un concepto que no refleja el sistema. Muchos de ellos —independientemente del acuerdo económico al que llegaran con su empresa— constan en la base de datos como activos pasan a ser parados. Por tanto, cuando se les agota la prestación por desempleo, dice una portavoz de Sanidad, tienen la gratuidad para los fármacos. “Nos estamos encontrando con casos muy chocantes”, critica Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que exige al Gobierno que, ya que no dan marcha atrás en esta medida “injusta que grava a los más vulnerables”, resuelvan los fallos. Toledo añade que la medida ahonda las desigualdades entre autonomías. Cada una ha adoptado un sistema y un plazo para devolver a los pensionistas el dinero que pagan de más por sus fármacos, cuando superan el tope que determina la ley. En Andalucía, por ejemplo, dejan de pagar cuando han llegado a esa cifra. En Valencia o Extremadura se lo devuelven cada seis meses. Muchos pensionistas, de hecho, todavía no lo han cobrado. El copago y la devolución de los topes están provocando, según Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que algunos pensionistas dejen de comprar fármacos que necesitan. El 17% de ellos no ha retirado algunas medicinas que el médico les ha recetado porque no podía pagarlo, según un estudio de esta entidad. ----- Mensaje original ----- De: defensora@telefonica.net Para: Isabel Ferragut ; IRENE SOBRINA ; MARIBEL HERMANA ; ELENA SOBRINA ; RUBEN SOBRINO ; ANTONIO CAFETERIA Enviado: martes, 26 de marzo de 2013 11:39 Asunto: Reenviar: SMS indemniza muerte retraso cáncer - DEFENSOR PACIENTE DEFENSOR DEL PACIENTE C/ Carlos Domingo nº 5 – 28047 Madrid Tf./Fax.: 91 465 33 22 defensorpaciente@telefonica.net www.negligenciasmedicas.com Martes, 26 de Marzo de 2013 COMUNICADO: El SMS indemniza con 80.000 euros a la familia de un paciente que falleció por retraso en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer. Por acuerdo formalizado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de febrero de 2013 (adjunto) suscrito entre la aseguradora del Servicio Murciano de Salud y los Servicios Jurídicos de la ‘Asociación El Defensor del Paciente’, se pacta indemnizar a la viuda e hijos de Don José Vicente Z. M. con 80.000 Euros por una defectuosa asistencia sanitaria, con lo que se solicita el archivo de los autos. El ya fallecido, casado, padre de dos hijos mayores y vecino de Murcia, y entonces de 54 años de edad, el día 11/11/2009 se sometió a una intervención de cirugía menor en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia por la cual se le extirpó un quiste sebáceo de la espalda, quiste del que no se le realizó estudio histológico. Más de un año después, tras observar la reaparición del quiste en la misma zona, se sometió a biopsia y otras pruebas que informaron de tumor fibrohistiocitario maligno compatible con dermatosis protuberans (DFSP), y posterior metástasis de fibrosarcoma. A pesar del tratamiento con quimioterapia no se pudo evitar la mala evolución, con metástasis cerebrales y pulmonares, que fueron extendiéndose por otros órganos, causando grandes dolores hasta que el paciente falleció el día 27/01/2012. Tras acudir a la Asociación el Defensor del Paciente y valorar pericialmente el caso, la familia del paciente interpuso una reclamación patrimonial administrativa contra el Servicio Murciano de Salud y posterior demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por entender que ante la extirpación de una lesión tumoral a nivel de la piel o del tejido subcutáneo se debe proceder al estudio detallada histológico y patológico de la pieza extirpada; que el cuadro de crecimiento de una lesión sobre la cicatriz de la primera excisión quirúrgica en los meses posteriores a la misma se trataba de una persistencia o recaída local de lo que posteriormente fue diagnosticado como un DFSP; y que el pronóstico del DFSP es bueno a largo plazo si la enfermedad se diagnostica en sus etapas iniciales y el tumor es tratado mediante una correcta cirugía con márgenes amplios seguida o no de radioterapia locorregional adyuvante. En definitiva, que fue claramente contrario a le lex artis medica extirpar un quiste al paciente que luego no se analizó, y como fuese maligno supuso la libre evolución del cáncer hasta acabar con su vida. Vida por la que luchó durante un año junto con su familia sin poder hacer nada por evitar el fatal desenlace, ya que con dicho error médico el diagnóstico llegó tarde, pero no así el sufrimiento al que tuvo que ser sometido tanto por las intervenciones médicas, como el psicológico y emocional al ver que nada paraba la evolución de la metástasis. Antes de llegar a dictarse sentencia la aseguradora entró en conversaciones con los demandantes que han llevado al acuerdo citado. Una muestra más de cómo un acto médico rutinario, sencillo y barato que no se hace da lugar a una tragedia con un gran coste emocional para la familia y económico para la sociedad. La familia quiere expresar su deseo de que esta nota de prensa contribuya en lo posible a que algo así no vuelva a ocurrir, ya que ninguna cantidad económica vale la vida de una persona, ni ninguna cantidad económica acaba con el dolor que una familia siente ante tal pérdida. Esto no pretende ser más que una llamada de atención y una petición para que esto no vuelva a suceder. El caso ha sido tramitado por los servicios jurídicos de la Asociación el Defensor del Paciente. DEFENSOR del PACIENTE