COMUNICADO: El Defensor del Paciente se reúne hoy con el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

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Martes, 8 de Marzo de 2011



COMUNICADO: El Defensor del Paciente se reúne hoy con el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y con el Portavoz de Justicia de IU, para solicitar que no se apruebe el mal llamado ‘Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal’.



Informamos que hoy Martes, 8 de Marzo de 2011, ‘El Defensor del Paciente’ mantendrá dos reuniones en el Congreso de los Diputados.



Por un lado, tras haber hablado con D. Gaspar Llamazares, como Presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, nos ha concedido una cita, delegando sus funciones en D. Javier Blanco Morales, miembro del Consejo Político Federal de IU y encargado de los temas de Justicia. La reunión se efectuará a las 11:00 h de la mañana en la Carrera de San Jerónimo nº 40 – 5ª Planta (Madrid).



Por otro lado, más tarde, a las 17:00 h, mantendremos otra reunión, también en el Congreso de los Diputados, con el Presidente de la Comisión de Justicia, D. Álvaro Cuesta Martínez.



El motivo de sendas reuniones es el mismo: El Defensor del Paciente solicitará la NO APROBACIÓN del Anteproyecto de Ley que el Gobierno tiene preparado para “agilizar” la Justicia.

Al respecto, estamos solicitando entrevistas con diferentes partidos políticos con el mismo objetivo, y hace un par de semanas ya nos reunimos por el mismo motivo con D. Joseba Agirretxea Urresti, Diputado del PNV.



En nuestra opinión el Anteproyecto tiene rasgos anticonstitucionales y antidemocráticos, y se le ha de poner freno, pues el modo de agilización que pretende el Gobierno es limitando los derechos de los ciudadanos para poder recurrir en los procesos judiciales ante el Tribunal Supremo. Lo que intenta el mencionado Anteproyecto es elevar la cuantía mínima para poder recurrir en casación de 150.000 a 800.000 Euros, es decir un incremento excesivo, sin escrúpulos, del 533%, lo supone una Justicia al alcance sólo de las grandes empresas y que restringirá el acceso al Tribunal Supremo del 95% de la población española.

Entendemos que es un auténtico atropello a los derechos de los ciudadanos para impedirles interponer recursos ante la Administración, a costa de privarles de la vías que la Constitución pone a su servicio. Si con esta medida el Gobierno quiere modernizar la Administración de Justicia agilizando y dando fluidez a los Tribunales Contencioso-Administrativos y Civiles, se equivoca de manera rotunda al no reforzar los derechos de los ciudadanos pues es un retraso hacia una época inmemorial. Inclusive desde el franquismo, los ciudadanos tenían el derecho a litigar contra la Administración sin el temor que tal litigio se fuera contra ellos y, encima, tuvieran que pagar, en caso de perder el pleito, las costas judiciales a la Administración demandada.

Al respecto, la elaboración de este Anteproyecto de Ley, de fecha 17 de Diciembre de 2010 que, bajo el eufemismo de “agilizar” la justicia, lo que hace es imponer las costas judiciales al ciudadano que pierda un pleito contra la Administración, y además de modo sistemático.

La propuesta del Gobierno, en la mal llamada Ley de Agilización Procesal, además de que no resolverá el atasco judicial, pues el problema es de medios y organización del sistema, es que dejará en la cuneta a la mayor parte de los perjudicados en el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria.



Esto es un verdadero abuso. Ya no bastan ahora los privilegios que tiene desde antiguo la Administración sobre el ciudadano, y de que éste no pueda acudir directamente a los Tribunales a demandarla, debiendo acudir previamente a la vía administrativa como requisito previo, sino que encima debe ahora pechar con las costas judiciales del abogado o abogados que defienden a la administración o administraciones demandadas y, por supuesto, las costas de los abogados de las pertinentes compañías aseguradoras de las administraciones demandadas que, quiera o no el ciudadano, se personan sistemáticamente en el proceso para defender a las administraciones demandadas. En argot paladino, que sin comerlo ni beberlo, el ciudadano que a partir de ahora litigue contra la Administración, en caso de perder, tendrá que hacer frente, por sistema, al pago de varias minutas cuantiosas de letrados y procuradores, aunque sólo haya demandado a la Administración.

Efectivamente, no cabe duda, de que la Ley de “agilización” va a ser un “buen remedio” para “agilizar” los procesos, al hacer cargar al ciudadano con unas costas judiciales que hasta ahora y durante muchos años nunca había sido así. Está claro que la justicia se va a poner al día… A este paso, no es que haya justicia rápida, es que no habrá ciudadanos que se atrevan a demandar a la Administración.

¿Quién está detrás de este Anteproyecto de Ley? No nos engañemos, la respuesta es clara y obvia: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Es decir, el Poder se antepone por encima de los derechos de los ciudadanos.

Ahora bien, ya lo anunciamos, si finalmente entran en vigor estas medidas, todas las denuncias que los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente interpongan ante los Tribunales en materia de negligencias médico-sanitarias irán por la Vía Penal.

Es por todo ello, que El Defensor del Paciente, solicitará la NO aprobación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, de cara a que sea mantenido el actual modelo vigente, el que impone las costas al litigante vencido sólo en el caso de mala fe o temeridad.

Estaremos a disposición de los medios de comunicación para informar del desarrollo de ambas reuniones en los nº de Tf.: 629 208 643 – 620 534 123.

DEFENSOR del PACIENTE